Las medidas anunciadas por el gobierno, dejarán sin tarjeta sanitaria a unos 150.000 extranjeros en situación irregular en el plazo de dos años.
La justificación sería: “quien cotiza, tiene derecho a la prestación”. Así explicado, parece razonable. ¿Pero moralmente es admisible? Detrás de un extranjero ilegal, hay una vida pasada que desconocemos, por eso no deberíamos juzgar tan a la ligera, pues seguramente nadie querría estar en situación irregular, en un país que no es el suyo, con todas las desventajas que eso conlleva. Es de suponer, que existen razones de peso, para estar en esta situación.
Es terrible tener que negar a un enfermo crónico su medicina, o no practicarle una intervención necesaria para controlar su enfermedad. Por otro lado, si no se atiende a esta población, existe el riesgo de que por falta de asistencia médica, enfermedades contagiosas queden sin control, lo que sería una irresponsabilidad por parte del gobierno, al hacer peligrar la salud del resto de la población.
Curiosamente esta medida no se ha tomado cuando la economía parecía ir bien, cuando todos conocíamos situaciones en las que se abusaba del trabajo de estos extranjeros en situación irregular. Ahora, en tiempos de crisis, parece que hay que sacar a relucir la legalidad, ¿y por qué antes no?
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